En un documento presentado como “amigos de la corte” —que han utilizado para solidarizarse con la gobernadora de Arizona, Jan Brewer—, los republicanos sostienen que la demanda del gobierno federal carece de mérito y que el estado de Arizona tiene el derecho de defenderse contra la inmigración ilegal.
En su argumentación, de casi 10 páginas, el bloque de congresistas republicanos han querido así reforzar la postura de la gobernadora Brewer ante la avalancha de mociones y argumentos presentados contra la SB1070 por organizaciones defensoras de los derechos civiles y por algunas entidades extranjeras, entre ellos, el bloque de países de América Latina que encabeza México y al que se han sumado Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú.
En su alegato, el bloque republicano (que incluye a 5 senadores y a 76 representantes), sostiene que “los principios constitucionales del federalismo y la separación de poderes se encuentran bajo amenaza por las demandas que han sido presentadas contra el estado de Arizona”. Además, consideran que el Congreso de Estados Unidos, que tiene plenos poderes para regular la presencia de inmigrantes o extranjeros en suelo estadounidense, “ha alentado continuamente a los estados para que éstos apoyen el cumplimiento de las leyes federales de inmigración.
“Y la SB 1070 es consistente con ese intento” por cumplir las leyes de inmigración, por lo que “se debería negar” la petición presentada por el Departamento de Justicia para suspender la entrada en vigor de la polémica ley el próximo 29 de julio. Al justificar este intento por obstaculizar el recurso de inconstitucionalidad presentado por la administración Obama, el representante por California, Brian Bilbray, aseguró que “el gobierno federal incumplió su responsabilidad de hacer cumplir la ley federal en relación con la inmigración, y la ley de Arizona no está por encima de los estatutos federales”.
A los argumentos presentados por el bloque de 81 congresistas republicanos se sumará este jueves la demanda que interpondrá la Asociación Latina de Republicanos por Arizona (ALRA). Este grupo, que encabeza su líder Jesse Hernández, ha decidido así arrimar el hombro a la causa de Jan Brewer ante la ola de repudio nacional e internacional que ha desatado la implementación de la SB1070.
La administración del presidente Barack Obama presentó el pasado 6 de junio ante una corte de Phoenix una demanda para declarar inconstitucional la polémica legislación. El Departamento de Justicia argumenta que la ley no sólo es violatoria de la ley de supremacía de la Constitución en la medida que la migración es regulada por las leyes federales y no por la legislación estatal, sino que puede derivar en hostigamiento a extranjeros y ciudadanos estadounidenses.
En caso de que la juez Susan R. Bolton no acepte la impugnación presentada por el gobierno de Barack Obama antes del próximo 29 de julio, la SB1070 entraría inmediatamente en vigor.
Esta ley otorga poderes extraordinarios a las policías locales para pedir papeles a individuos que han sido detenidos en la ejecución de cualquier otra ley vigente en el estado y, en caso de ser indocumentados, entregarlos de inmediato a la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo para ser expulsados del país.
